World Directory of Minorities and Indigenous Peoples

• Geografía
• Pueblos
• Historia
• Gobierno
• Situación actual de las minorías y pueblos indígenas

Geografía

Nicaragua limita al norte con Honduras y al sur con Costa Rica. Más del 90 por ciento de su población y de los centros económicos y de gobierno se encuentran en las estrechas Llanuras del Pacífico. La mayoría de las minorías de Nicaragua viven en las tierras bajas tropicales del Atlántico que, a pesar de suponer el 56% del territorio, están escasamente pobladas.

Pueblos

Lenguas principales: español, inglés criollo, misquito, sumu, rama

Religiones principales: cristianismo (católico romano, evangélico, moravio, episcopal)

Principales grupos minoritarios: misquitos, criollos (9%, CIA 2007), mayagnas (sumus), garífunas, ramas

Las minorías indígenas de Nicaragua (5%, CIA 2007) comprenden cinco grupos diferentes que hablan seis lenguas distintas. Sus comunidades se sitúan principalmente en las selvas tropicales y en las lagunas de la Región de la Costa Atlántica. Contiene las reservas más ricas de recursos naturales y la segunda mayor jungla tropical de América después del Amazonas en Brasil.

Nicaragua también tiene numerosas minorías originarias de Oriente Medio y del este de Asia.

Historia

Nicaragua es única en la historia colonial de América Latina. Fue colonizada simultáneamente por la costa oeste del Pacífico por España y por la costa Atlántica por Gran Bretaña. Las poblaciones indígenas del centro y de la costa del Pacífico fueron casi aniquiladas bajo el dominio español. Muchos indígenas fueron apresados y enviados a América del Sur para trabajar en las minas coloniales españolas de metales preciosos. Con el tiempo los grupos indígenas que quedaban se mezclaron con los colonizadores españoles y de ahí surgió la cultura mestiza católica hispanohablante de la actualidad. Aún quedan algunas comunidades indígenas mayagnas en la Costa del Pacífico.

Los pueblos de la Costa Atlántica se libraron de la despoblación prematura debido principalmente al desinterés de los españoles en colonizar áreas con escaso potencial minero y cuyos habitantes oponían una resistencia feroz. La población indígena estaba compuesta principalmente por chibchas, que vivían de la caza, la pesca y la agricultura itinerante. Los chibchas que tenían poco contacto con los europeos fueron denominados mayagnas (sumus). Otro grupo chibcha es el de los ramas, que también mantuvo sus comunidades y siguió utilizando su propia lengua.

A principios del siglo XVII los piratas británicos comenzaron a utilizar los estuarios de la costa como guaridas y se asociaron después con el grupo indígena (más tarde conocido como misquito) para extraer las maderas nobles naturales de la región. También llegaron a la Costa Misquita africanos de todo el Caribe que habían huido de la esclavitud y algunos se unieron a los grupos indígenas. Los misquitos indígenas se mezclaron con personas de origen africano y con europeos y dieron lugar a una nueva cultura autónoma que combinaba elementos de todos los grupos, incluida la lengua y las estructuras sociales.

Los misquitos establecieron firmes relaciones con la corona británica y obtuvieron así acceso a armas de fuego y otros productos importados, que les sirvieron para tener influencia sobre el resto de grupos costeros. Durante el período de protectorado británico (1687-1787) los misquitos sirvieron de intermediarios en las transacciones comerciales entre Europa y otros pueblos indios, realizaron redadas de esclavos a larga distancia y ayudaron a capturar esclavos que se habían escapado en otros territorios del Caribe. Con frecuencia se unían a los británicos en incursiones en los asentamientos españoles rivales y finalmente se convirtieron en la mayor de las minorías étnicas costeras.

A finales del siglo XVII los comerciantes y colonos británicos comenzaron a llevar africanos a la Costa Atlántica de Nicaragua para realizar trabajos forzados de extracción de madera y para trabajar en las plantaciones. Tras la emancipación a finales del siglo XIX se les unieron inmigrantes económicos de Jamaica y Belice. Todos se mezclaron con los colonos europeos y los grupos indígenas y dieron lugar a una nueva minoría de angloparlantes conocida como "criollos". Establecieron centros de población en la costa atlántica sur y se convirtieron en el segundo mayor grupo minoritario con una cultura bastante similar a la de las naciones caribeñas.

Gran Bretaña renunció a la mayoría de sus exigencias en la Costa Atlántica en 1860 y la región continuó como reserva autónoma hasta 1894. En la década de 1890 llegaron intereses estadounidenses para establecer empresas de exportación de fruta y madera a gran escala.

Con la llegada al poder del presidente José Santos Zelaya en 1893, el ejército nacional nicaragüense invadió la costa del Caribe protegida por marines de EE.UU. y forzó la integración territorial bajo el control del gobierno central. La anexión produjo una oleada de emigración hacia la costa y provocó políticas de absorción económica y cultural. Entre ellas se incluye la presión para la asimilación total de Costa Caribe en la cultura dominante mestiza con base hispánica del Pacífico a través de decretos del gobierno que marginaban a las culturas indígenas y a las lenguas de la región.

Se organizó una guerra de liberación contra la ocupación estadounidense dirigida por Augusto César Sandino en las zonas misquitas de la Costa Atlántica.  Sandino fue asesinado en 1934 y, bajo la dictadura dinástica de los Somoza, la región quedó marginada y olvidada. Las compañías extranjeras tenían libertad para explotar su oro, plata, madera y marisco. Esto fomentó un mayor resentimiento en la costa caribeña y un antagonismo hacia la región del Pacífico.

Las relaciones no mejoraron sustancialmente con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, la cual provocó que un gran número de misquitos se aliasen con las fuerzas "contrarrevolucionarias" y antigubernamentales apoyadas por EE.UU. para buscar soluciones políticas.

Dos años de negociaciones en todo el país dieron como resultado la Ley de Autonomía de 1987, cuyo objetivo primordial era conseguir la paz y centrar la atención nacional en los derechos de los pueblos costeros. Los grupos minoritarios de la región recibieron la propuesta de autonomía como una oportunidad para garantizar no sólo derechos culturales, lingüísticos y religiosos multiétnicos, sino también los derechos económicos históricos territoriales y comerciales y la distribución de la explotación de los recursos naturales.

Gobierno

La Ley de Autonomía de 1987 es una iniciativa única y destacable que otorgaba un autogobierno limitado dentro de la República. Se crearon dos zonas autónomas: la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), con sus respectivos consejos de gobierno. Sin embargo no se tomó ninguna medida para la aplicación del estatuto. Después de 1990 el gobierno de Violeta Chamorro reafirmó el control central a través del Instituto Nicaragüense de Desarrollo de las Regiones Autónomas (INDERA), con sede en Managua. Finalmente, en julio de 1993, los partidos pudieron presentar un borrador para acelerar la aplicación de la Autonomía.

Mientras tanto las poblaciones costeras siguieron tomando iniciativas por su cuenta y en marzo de 1995 comenzó su andadura la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), cuyo objetivo era desarrollar los recursos humanos necesarios para un desarrollo genuinamente autónomo. A esto contribuyó más tarde la creación de la Universidad India y Criolla de Bluefields (BICU, por sus siglas en inglés).

Las elecciones de 1996 y 2001 no pudieron cambiar la actitud del gobierno central. En mayo de 2002 el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, se negó a jurar el Consejo Autónomo durante 8 meses. Continúa la explotación de los recursos naturales: hay empresas que se dedican a extraer recursos sin consentimiento de los propietarios indígenas.

Un notable avance fue la aprobación del estatuto por la Asamblea Nacional en 2003, que garantizaba un mejor reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas y la consolidación del marco jurídico-legal de la Autonomía. Más notable fue la aprobación del reglamento para el propio Estatuto de Autonomía. También obtuvieron legitimidad otras leyes, como la Ley del Régimen de Propiedad Comunal (Ley 445); la Ley General de Salud (Ley 423), que reconoce el uso y promoción de la medicina tradicional en las Regiones Autónomas; la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal (Ley 462), que establece el poder de los Consejos Regionales para decidir la política forestal y otorgar licencias.

Sin embargo, el Gobierno Central siguió gestionando los recursos naturales de Costa Caribe de manera unilateral, en flagrante violación de las Leyes de Autonomía. Encontramos ejemplos en la concesión de licencias de pesca a través de ADPESCA por parte del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; en las operaciones de la compañía minera HEMCO y en las licencias concedidas a empresas madereras a través de INAFOR.

Además, el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Central en 2003 no incluía a Costa Caribe en ningún aspecto. Varias organizaciones costeras e instituciones financieras internacionales se enfrentaron a este plan y exigieron al PNUD que apoyase la preparación de un Plan de Desarrollo Regional especial consistente en varios programas y proyectos específicos.

Las ONG internacionales siguieron siendo las principales instituciones de financiación de los proyectos de desarrollo regional y programas como el de la educación bilingüe. Continuó la centralización de la financiación administrativa, que se manifestaba en la retención y el retraso de los fondos asignados a las estructuras de gobierno de la región. Del presupuesto de 33 millones de dólares estadounidenses (568 millones de córdobas) destinado a inversión pública en las Regiones Autónomas, sólo 1,9 millones de dólares (32 millones de córdobas) fueron administrados por el Consejo Regional. Esto fue visto a nivel regional como otra medida coactiva para obligar a aceptar las políticas impuestas desde Managua.

La victoria del Partido Sandinista en las elecciones nacionales de comienzos de 2007 con Daniel Ortega dio esperanza a los simpatizantes indígenas y criollos de Costa Caribe para la revitalización del proceso de autonomía y el fin de la actitud discriminatoria implícita y explícita a nivel oficial con los pueblos de las Regiones Autónomas.

Situación actual de las minorías y pueblos indígenas

Los grupos locales de derechos humanos han señalado que la continua discriminación y exclusión de los pueblos indígenas y de origen africano ha tenido cada vez mayores consecuencias negativas. Sigue habiendo enormes desigualdades entre las Regiones Autónomas y el resto de Nicaragua.

Ha habido un marcado aumento en los niveles de exclusión. Mientras el índice de pobreza extrema en el resto del país ha caído hasta un 14 por ciento en los últimos cinco años, ha aumentado un 11,1% en el mismo período entre las poblaciones minoritarias e indígenas de Costa Caribe.

Sus residentes tienen índices muy bajos de empleo formal y se dedican principalmente a la pesca, agricultura, ganadería y minería de subsistencia. El nivel de desempleo en la región se calcula en torno al 90%, en comparación con el 6,9% de todo el país.

La mayoría de las poblaciones rurales indígenas y minoritarias de Nicaragua siguen sin tener acceso a la sanidad moderna y la situación sólo es ligeramente mejor en los principales centros urbanos. Los pacientes con enfermedades graves tienen que ser transportados en helicóptero a hospitales de la región del Pacífico.

De las 5.398 escuelas primarias del país, sólo 200 se encuentran en las Regiones Autónomas y el índice de analfabetismo es del 40% frente al 23% de todo el país. A pesar de la existencia de programas de educación multilingüe dirigidos a incorporar las lenguas indígenas, no se han destinado fondos para el material y los recursos humanos necesarios. La consecuencia es que estas lenguas se utilizan muy poco y sigue predominando la enseñanza en español.

Además, los servicios básicos son limitados o inexistentes. El suministro de agua potable es sólo del 16,2 por ciento en la RAAN y del 24 por ciento en la RAAS, frente al 60-70% de las regiones del Pacífico. La situación del transporte es aún más grave. En muchos casos las comunidades indígenas sólo son accesibles por transporte acuático y las pocas carreteras que existen están en muy mal estado. En RAAS no hay más que 225,3 kilómetros de carretera pavimentada, mientras que en RAAN apenas hay carreteras asfaltadas y sólo es accesible en avión desde Managua.

Claramente, hay poca o ninguna inversión en infraestructuras. Sin embargo, en 2005 el gobierno comenzó a aplicar gradualmente un acuerdo con las autoridades locales para mejorar la construcción de carreteras, el suministro de agua, la sanidad y la educación.

Según las organizaciones locales, más que las empresas del sector privado, son las agencias gubernamentales, como la policía nacional, el ejército nacional, los ministerios de servicios sociales y el sistema judicial, los que más infringen los derechos humanos de la población. Diariamente las acciones de estos cuerpos dan lugar a la mayor parte de las denuncias realizadas por los grupos indígenas y minoritarios debido a violaciones de los Derechos Autónomos.

Los observadores también han visto que en los últimos años el resto del país ha utilizado cada vez más a Costa Caribe como una "válvula de seguridad social' y ha exportado a sus pobres a las tierras de propiedad tradicional de esa región. Uno de los problemas más acuciantes para las minorías y los pueblos indígenas es la continua inmigración de residentes pobres de la región del Pacífico a la Costa Atlántica en busca de oportunidades económicas. Se han producido varios enfrentamientos entre los colonos y los pueblos indígenas que han acabado en tragedia.

Esta invasión se caracteriza por la creciente transformación de los bosques tropicales de tierras bajas en terrenos agrícolas insostenibles. Se siguen quemando o talando grandes áreas de terreno a lo largo de una línea norte-sur que atraviesa todo el país. Esta línea avanza implacablemente hacia el Este a un ritmo de más de 1.000 kilómetros cuadrados por año, 10 veces más rápido que la destrucción del Amazonas. Según los cálculos, si esto continúa toda la selva tropical de la Región Autónoma habrá desaparecido antes de 2025, con devastadoras consecuencias medioambientales.

La victoria del Partido Sandinista en las elecciones generales de principios de 2007 fue testigo de un aumento de la representación de indígenas y descendientes africanos a nivel nacional, incluida la elección de tres diputados criollos en el Parlamento de América Central, dos de los cuales son mujeres.

La república aún no ha ratificado el Convenio nº 169 de la OIT. 169, de gran importancia para los grupos indígenas y las minorías de Nicaragua

No obstante, en septiembre de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó una decisión histórica a favor de la Comunidad mayagna (sumu) de Awas Tingni, que había presentado un recurso contra la República. Se presentaron pruebas de que el estado había concedido permisos para talar más de 62.000 hectáreas de tierras indígenas sin informar ni pedir autorización a las comunidades. Los tribunales pudieron basarse en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocer las tierras de Awas Tingni como "propiedad" de la comunidad indígena basándose en su uso y su ocupación por tradición.

La CIDH tiene jurisdicción en Nicaragua según los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos y por la declaración de Nicaragua  de aceptación de la jurisdicción de la Corte en 1991. Sin embargo, el gobierno ha demostrada una marcada reticencia hasta el momento para cumplir con las compensaciones que requería la decisión del CIDH sobre Awas Tingni y las tierras disputadas aún no han sido delimitadas.

Esta no es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interviene en los problemas relativos a territorios de Nicaragua. En 1984, tras los conflictos entre el gobierno nicaragüense y las comunidades misquitas, la Comisión recomendó al gobierno que definiera los títulos de propiedad para las tierras indígenas con el fin de proteger los derechos de propiedad de los pueblos indígenas. Sin embargo, desde 1990 el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) aún no ha otorgado títulos a ninguna comunidad indígena ni minoría y todavía está por establecer la prevista Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras Indígenas (CONADETI).

En junio de 2005 la CIDH dictaminó que el gobierno también había violado los derechos políticos de los misquitos y sumos en 2000 cuando el Consejo Electoral Supremo impidió al partido político Yatama, mayoritariamente indígena, presentarse a las elecciones municipales celebradas en el citado año. La CIDH determinó que el gobierno debe admitir su violación de los derechos de los Yatama y pagar 80.000 dólares estadounidenses (1,36 millones de córdobas) por daños y perjuicios. El gobierno aceptó acatar la decisión.

En 2004 Nicaragua obtuvo una reducción de su deuda externa de casi 45 millones de dólares estadounidenses bajo la iniciativa para la reducción de la deuda de los Países Pobres más Endeudados (PPME). La decisión se basó en gran medida en los buenos resultados obtenidos anteriormente bajo el programa del Fondo Monetario Internacional. En teoría eso debería ayudar a relajar las limitaciones financieras de la nación y a liberar más dinero para inversión social en zonas anteriormente marginadas, como la Costa Caribe.

En octubre de 2005 Nicaragua ratificó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés), cuyos impulsores prometen que ofrecerá más oportunidades de inversión y aumentará el desarrollo económico. Sin embargo, a juzgar por la tendencia del gobierno central a considerar la explotación de los recursos de la Costa Atlántica como solución a los problemas económicos del país, es muy probable que el CAFTA aumente la presión sobre los pueblos indígenas y las minorías para que renuncien a más territorios y derechos sin contraprestaciones económicas o sociales.

Desde los importantes recortes en servicios públicos, como la educación y la sanidad gratuita y la caída de los precios del café en 2000, cada vez más nicaragüenses han cruzado la frontera sur hacia la vecina Costa Rica en busca de mejores oportunidades económicas. Según un artículo publicado en el periódico Le Monde Diplomatique (20/01/07) se calcula que actualmente viven en Costa Rica aproximadamente medio millón de nicaragüenses. Esta migración a través de la frontera sur ha sido frecuente en la historia, especialmente en épocas de violencia política y durante la guerra de la década de 1980. Sin embargo, desde 1990 la emigración ha estado propiciada por las dificultades económicas y ha dado como resultado una desconfianza y una xenofobia cada vez mayores por parte de los costarricenses que consideran a los inmigrantes extranjeros como una amenaza y temen que les quiten el trabajo.

Costa Rica experimentó su primer delito inspirado por prejuicios en noviembre de 2005, cuando el propietario de un taller echó sus dos perros de raza rottweiler sobre un joven nicaragüense porque pensaba que había entrado a robar. Se avisó a la policía, que sólo se limitó a mirar mientras los perros atacaban al hombre hasta matarlo. Los medios de comunicación nacionales emitieron la grabación del accidente, lo que empeoró las tensiones entre ambos países. La mayoría de los inmigrantes nicaragüenses conocen el caso y se dice que inspiró mucho miedo entre la comunidad, hasta el punto que los emigrantes económicos nicaragüenses están empezando a emigrar a otros países para lograr su supervivencia económica.

En algunas pequeñas comunidades nicaragüenses y costarricenses que han vivido cerca y comparten niveles similares de desventajas socioeconómicas, se han introducido iniciativas para mejorar la relación entre comunidades. Aunque estas medidas han logrado cierto éxito en disipar los mitos y miedos xenófobos, algunos observadores han alertado de la posibilidad de que se intensifiquen las tensiones si sube la actualmente modesta tasa de desempleo del 6,5% y si aumenta la competencia laboral. Según los observadores, la ya de por sí tensa situación de Guarariri, el parque de La Merced y las plantaciones de la costa este podría quedar fuera de control.

El 4 de septiembre de 2007 la costa caribeña de Nicaragua fue azotada por el Huracán Félix, una tormenta de categoría 5 con una velocidad media del viento de 370 km/h. La Región Autónoma del Atlántico Norte, que es la más afectada, está habitada principalmente por el grupo indígena misquito. El Ejército de Nicaragua informó de la destrucción de más de 19.000 casas, que dejó sin hogar a casi 32.000 familias. Murieron 102 personas y el 90% de las cosechas quedaron destruidas, además del ganado y los equipos de pesca. Se calculó que la reconstrucción costaría unos 50 millones de dólares estadounidenses.

Share This Page